Todo comenzó cuando Fernando Gómez Mont renunció a su militancia panista en congruencia por no haber podido mantener su palabra como testigo de honor frente al PRI. Se supo después que la promesa del secretario de Gobernación al tricolor había sido impedir alianzas electorales entre el PAN y PRD, las cuales pondrían en peligro los bastiones priístas en Oaxaca, Hidalgo, Durango, Sinaloa y sobre todo, en 2011, Estado de México. El PRI, a cambio, avalaría el aumento de impuestos, cuya paternidad el viejo partido niega hasta la fecha. César Nava, ayer confirmamos, firmó el pacto.

Si las declaraciones del presidente nacional panista resultaron una mentira, ¿qué más lo será? ¿Que Gómez Mont no le informó al Presidente del acuerdo? Si es así, pongámonos a temblar porque ni el partido del Presidente ni su mano derecha le informan de algo tan importante como un acuerdo con la fuerza política opositora más grande. O peor, el Presidente sabía e instruyó a sus operadores a firmar el acuerdo.

Próximamente se discutirán en el Congreso la reforma política, una reforma laboral y una fiscal, entre otras prometidas. ¿Cómo podrán hallar ahora gobernadores, legisladores y dirigentes opositores a alguien confiable con quien hablar en el gobierno. Es complicado pensar que los interlocutores presidenciales, los mentirosos, van a servir como armadores de los grandes temas de la agenda nacional pendiente.

Todo indica que Calderón se verá obligado a traer prestada credibilidad ajena a su grupo más cercano, es decir, actores que no tengan fama de desconfiables. De lo contrario su agenda política desde ahora habrá naufragado. Está en juego la palabra presidencial, que por cierto es distinta a la de Felipe Calderón. La primera es institucional, la segunda es de la persona. El habitante de Los Pinos debe asegurar la sobrevivencia de esa palabra si quiere dejar una Presidencia vestida de dignidad. Se lo debe a sí mismo pero sobre todo al futuro de su país.