El Tribunal Electoral ordenó al presidente Felipe Calderón proceder contra el secretario de Economía, Bruno Ferrari, por sus declaraciones “denigratorias” y violar la imparcialidad a la que está obligado todo funcionario público cuando, en plena campaña electoral, aseguró que todavía se pagan 5 mil millones de dólares de intereses por los “malos manejos” para “enriquecer a políticos ladrones” como Raúl Salinas y Arturo Durazo en los sexenios de José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari.

Los magistrados consideraron que las expresiones del funcionario conculcaron el principio de imparcialidad de los servidores públicos y denigraron al PRI.

En una votación dividida, la sentencia cuyo proyecto fue elaborado por la magistrado Maria del Carmen Alanis, declaró fundado el procedimiento presentado por el PRI contra Ferrari García de Alba y decidió dar vista al presidente Felipe Calderón “para que en su carácter de superior jerárquico proceda conforme a derecho”.