Rafael Cano Franco

Es un hecho conocido que en la corporación policiaca de Hermosillo hay más de 300 elementos que no aprobaron los exámenes de confianza y en el Ayuntamiento no saben que van a hacer con ellos, aunque en primera instancia optaron por dejarlos trabajar y decir que el examen de confianza no es definitorio. Desde el Gobierno Federal a postura expresada por el Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré es contundente: los agentes de cualquier corporación que reprueben el examen de confianza deben ser despedidos de su trabajo sin mayores contemplaciones; en el caso de Sonora existe una visión divergente, por acá se habla que el examen es solamente una, de varias etapas, que los agentes deben superar para mantenerse en su trabajo.

La postura del alcalde saliente, Javier Gándara y la del entrante, Alejandro López Caballero, son coincidentes en el tema y aseguran que antes de tomar cualquier decisión se debe analizar cada caso. Sin que cada caso se esté analizando todavía. El problema que hereda López Caballero en la policía municipal es serio, no solamente se trata de despedir a más de 300 elementos, con la erogación económica que eso significa, implica también reducir la fuerza de seguridad pública, de por sí ya insuficiente, se agrava el déficit de policías porque no existen los elementos para reemplazarlos, pero lo más grave es que muchos de esos elementos reprobados pueden engrosar las filas del crimen organizado o convertirse ellos mismos en cabecillas de grupos criminales.