Una masacre en Sonora. Un asesinato en Chihuahua. Un atentado contra un policía de Tijuana: ese es parte del uso que tuvieron las armas que ingresaron a territorio mexicano mediante la fallida operación Rápido y furioso del Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos (ATF por sus siglas en inglés). Armas traficadas hacia México dentro de la operación fueron utilizadas en al menos tres masacres, además de enfrentamientos contra el Ejército, la Marina y la Policía Federal en los que un número no determinado de civiles, soldados, marinos y agentes mexicanos resultaron heridos. Una de éstas incluso fue hallada en posesión del comando que asesinó al hermano de la procuradora de Chihuahua, Patricia González.
Esas son algunas de las conclusiones colaterales a las que llegó la Oficina del Inspector Interno del Departamento de Justicia, tras cerrar ayer más de un año de investigaciones en torno a la responsabilidad del procurador Eric Holder en la operación de la ATF.

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