México, primer lugar en sobrepeso y obesidad infantil en todo el mundo, no puede darse el lujo de esperar a que el problema se arregle solo. Un cambio gradual en la cultura alimentaria de los mexicanos tomaría décadas. Sería como abandonar a su suerte la salud de generaciones enteras, además de que el costo económico de atender las enfermedades derivadas de la obesidad resultaría insostenible para el país. Urge por lo tanto que el Estado dirima cómo desde sus instituciones y leyes —ya sea con leyes, reglamentos o programas— pondrá un freno al consumo de las bebidas y comidas chatarra.
En alguna medida esta epidemia es consecuencia de los malos hábitos individuales; sin embargo, el factor de mayor peso es el de un ambiente “obsigénico”, promotor del consumo inmoderado de productos nocivos. Dentro de este rubro está la publicidad dirigida a los niños, la falta de educación nutricional, la carencia de agua potable en un gran número de escuelas y la presencia casi exclusiva de grasas y azúcares en las cooperativas escolares.
Si la SEP no puede o no quiere solucionar este problema, mucho menos lo hará con el resto de la agenda educativa pendiente y sobre la cual pesan muchos otros intereses políticos y económicos. En caso de que Alonso Lujambio quiera ser candidato a la Presidencia de la República, como se rumora, deberá cambiar de camino. Todos saben que la educación es uno de nuestros más grandes rezagos y lo hecho hasta ahora en la SEP deja mucho qué desear. La ausencia de una reforma educativa que incluya a la nutrición infantil no es una buena carta de presentación.
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