Por Alejandro Matty Ortega.
Sin importar el rango o el cargo público desempeñado, todo funcionario con presunta relación con la delincuencia, es detenido y llevado a las oficinas de la Siedo para ser interrogado por denuncias y señalamientos que existen en su contra.

La firmeza del presidente Calderón en el combate al crimen parece que ya comienza a dejar frutos, pese a las diversas manifestaciones que casi 3 mil michoacanos realizan en las distintas sedes del Gobierno capitalino para exigir la liberación de sus funcionarios.

La óptica política jamás faltará cuando se trata de aplicar la ley utilizando para su cometido a las Fuerzas Armadas, menos cuando presuntamente se ha violado la autonomía de los estados en el cumplimiento de las tareas encomendadas. Como sea, la estrategia presidencial en ciernes, parece que ha dado resultado y pocos son quienes muestran molestia por estas acciones, claro que los que se dicen perjudicados irán siempre en contra de lo que afecte sus intereses.

Independientemente de la legalidad o legitimidad de la medida, lo cierto es que a los mexicanos nos deja un buen sabor de boca que se aplique la ley a quienes por años han fraudeado la confianza de los ciudadanos. Nunca estará de más cualquier esfuerzo encaminado a servir a México y a su gente; si bien es cierto que traerá sus reacciones de parte del crimen organizado, también lo es que la credibilidad en la figura presidencial, dejó de ir a la baja.

Habrá los malpensados que dirán que el presidente ha armado una campaña nacional para desarticular las operaciones de los enemigos de un cártel en especial, luego entonces, ellos serían “intocables”. Lo más importante, es que parece que nace la era del exterminio de los narcopolíticos.

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