Por Francisco Miranda.

El narcotráfico en México es mucho más que una pelea entre policías y criminales. Para cientos de miles de personas es casa, vestido y comida. Cuando menos medio millón de mexicanos viven de la producción o comercialización de drogas ilegales, según los cálculos de la Sedena. En Michoacán ya vimos medidas diferentes… a detenido la Policía Federal a 10 alcaldes de Michoacán, al coordinador de asesores del procurador estatal, al director del Instituto Estatal de Información Policial, a la ex procuradora del estado, actual asesora del gobernador Leonel Godoy, y a varios mandos policiacos municipales. En sí misma, una acción sin precedentes en contra del narcotráfico.

Las acciones contra los funcionarios vinculados al crimen organizado se habían limitado a aprehensiones esporádicas producto de filtraciones desde agencias de inteligencia militares o extranjeras. Casos como el del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, eran raros y nunca fueron acompañados con el desmantelamiento del aparato político alrededor del cual los implicados operaban. Esta vez parece que es diferente.

Hay varias entidades completas en México que están en manos de las organizaciones criminales, y no del Estado. Por último, el Ejecutivo federal tendrá que decidir si extiende esta limpieza necesaria a otros estados o si preferirá la tranquilidad política. Al final, siempre habrá alguien dispuesto a ser narco si tiene que elegir entre tener un trabajo legal o comer.