El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 346 votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones, el dictamen que reforma el Código Penal Federal, para actualizar y tipificar las conductas delictivas de un servidor público.

Los diputados avalaron que comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público quien realice funciones de un empleo, cargo o comisión después de que se le hubiere comunicado oficialmente que ha sido suspendido, destituido o inhabilitado. Durante la sesión en San Lázaro, se aprobó que el delito de abuso de autoridad de los servidores públicos, se da "cuando ilícitamente retarde o niegue a particulares la protección o el servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud".

Un servidor público comete delito de intimidación cuando utilice la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que ella o un tercero denuncie, formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta, señala el texto.