En medio de grandes expectativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comienza hoy la discusión pública del caso San Salvador Atenco, en la que no se prevé que el pleno se refiera a formas de reparación de las “violaciones graves a las garantías individuales” cometidas por autoridades estatales y federales, como tampoco un señalamiento expreso sobre probables responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas de los involucrados.

De acuerdo con información obtenida en el máximo tribunal, los 11 ministros centrarán su labor en identificar el cargo y nombre de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal y de la Agencia Estatal de Seguridad y Procuraduría del estado que hubieran violado gravemente las garantías, pero nada más.

El dictamen que discutirán tampoco hace referencia alguna a los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que aún se encuentran presos y que fueron sentenciados por la justicia mexiquense con un rigor que llama la atención, como es el caso de Ignacio del Valle, quien está en el penal de máxima seguridad del Altiplano, con una condena de 112 años de prisión.

Tampoco plantea el documento que los ministros aprueben un pronunciamiento concreto sobre la reparación de daños a las víctimas, por considerar que el Estado mexicano estaría obligado a hacerlo de acuerdo con el compromiso asumido ante instancias internacionales.