Por Francisco Arenas Murillo

Recién les comentamos en este espacio sobre los problemas que enfrentan algunas financieras para obtener el pago de las primas descontadas a los trabajadores del gobierno del Estado por ahorros, préstamos y otros beneficios.

Pero adicionalmente hay un  problema que se le viene al SUTSPES (sindicatos de burocratas estatal) que dirige el priista Antonio Castro Ruiz,   por esa falta de pagos a sus proveedores de recursos financieros y por lo cual les van a cobrar intereses moratorios a los trabajadores que accedieron a prestamos de dinero. Esos empleados loe generarán a Toño Castro Ruiz un movimiento para exigir a las autoridades responsables se hagan cargo del asunto antes de que generen problemas que detonen un conflicto social.

Según ha trascendido,  el fondo del asunto es que la tesorería del Estado que encabeza Mario Cuen Aranda esta utilizando los fondos ajenos del gobierno estatal o sea el dinero que le descuentan de la nomina a los trabajadores para utilizarlos en los múltiples compromisos  económicos que tiene esa dependencia, lo cual,  nos aseguran es un autentico desvió de recursos y malversación de fondos lo cual puede provocar demandas penales contra el funcionario y el propio gobierno del estado.

El asunto tiende a agravarse pues aunque logren reintegrar el dinero tomado de los fondos ajenos, ante la complacencia de la secretaria de la Contraloría y su órgano de control, el tema ha llegado ya hasta el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y a la Auditoria Superior de la Federación, organismos dependientes del poder legislativo estatal y federal respectivamente y en donde por ley deberán revisar con lupa este asunto, levantar las observaciones correspondientes y fincar las responsabilidades que pueden llevar a la inhabilitación de funcionarios de la Tesorería del Estado  y de Alberto Ruibal Santana,  y como efectos colaterales  a los titulares de las secretarias de hacienda don Carlos Villalobos Organista y Jorge Luis Ibarra Mendívil a quienes le pudiesen fincar responsabilidades por comisión por omisión.